El Gobierno italiano no acelerará la polémica reforma laboral

ROMA (Reuters) - El Gobierno italiano optó el viernes por no acelerar la reforma laboral tras la fuerte resistencia que ha recibido por parte de los sindicatos y de un aliado clave.

Después de una reunión de más de cinco horas, el Gobierno dijo que enviará un proyecto de ley habitual al Parlamento, en lugar de aprobarlo por decreto de emergencia. Esto supone que se podría tardar meses en la tramitación parlamentaria de una reforma que incluye un cambio decisivo en la legislación laboral, al facilitar los despidos, y se abre la puerta a las modificaciones legislativas.

Si el Gobierno hubiera optado por el procedimiento de emergencia, podría haber aplicado las medidas de manera inmediata, con una aprobación por la vía rápida en el Parlamento en 60 días.

La reforma está siendo muy vigilada como una prueba de la capacidad del primer ministro Mario Monti de conseguir que se aprueben cambios de largo alcance para la aletargada economía, y también es su primer reto importante desde que llegó al poder hace cuatro meses.

Hasta el momento, ha conseguido la aprobación de recortes de gastos, subidas de impuestos y medidas para movilizar la economía sin demasiada oposición mientras el país, que tiene 1,9 billones de euros (2,5 billones de dólares) en deudas, encara la amenaza de una suspensión de pagos.

Pero por primera vez, el ex comisario europeo tiene una enconada lucha que librar. En el centro de las objeciones de los sindicatos se encuentra un plan del Gobierno para facilitar el despido de trabajadores.

El poderoso sindicato CGIL - con seis millones de afiliados - ha convocado una huelga en protesta por una propuesta que debilitaría las protecciones contra despidos de los empleados, unos derechos adquiridos durante la década de 1970.

"Estamos lidiando con un Gobierno que, al final, carga todos los costos reales de lo que están haciendo a los trabajadores, jubilados y gente que se va a jubilar pronto", comentó la jefa del CGIL, Susanna Camusso, tras convocar el paro.

El Partido Democrático (PD) de centroizquierda, vinculado históricamente a la CGIL y uno de los principales apoyos parlamentarios de Monti, ha prometido enmendar la medida que reduce la obligación de las empresas de tener que contratar nuevamente a un empleado que un tribunal dictamine que ha sido despedido de manera improcedente, y permite que se les ofrezca únicamente una compensación económica.