20 de enero de 2010 / 21:07 / hace 7 años

La Abogacía del Estado apoya el empadronamiento de "sin papeles"

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<p>Los extranjeros que viven en Espa&ntilde;a tienen derecho a inscribirse en el padr&oacute;n municipal independientemente de que tengan o no la residencia legal en el territorio espa&ntilde;ol, afirm&oacute; el mi&eacute;rcoles la Abogac&iacute;a del Estado. Imagen de archivo de unos vendedores callejeros en una calle de Barcelona en octubre de 2008.Albert Gea</p>

MADRID (Reuters) - Los extranjeros que viven en España tienen derecho a inscribirse en el padrón municipal independientemente de que tengan o no la residencia legal en el territorio español, afirmó el miércoles la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado incluyó esta conclusión en un informe solicitado por el ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Vic, que ha anunciado la decisión de no empadronar a aquellos inmigrantes no comunitarios que no tengan la documentación necesaria para residir legalmente.

"No resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España", señaló la Abogacía del Estado en un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, del que depende este órgano.

La otra conclusión que destaca el documento indica que para que un extranjero tramite su inscripción en el padrón municipal "debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también se pronunció el miércoles sobre la polémica surgida tras el anuncio del alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, de Convergencia i Unió, de la intención de modificar los criterios de empadronamiento para los ciudadanos procedentes de países que no pertenezcan a la Unión Europea, negándoselo a los que carezcan de un pasaporte con un visado en vigor.

"El país que presido no va a consentir que por un truco de un ayuntamiento haya seres humanos sin asistencia sanitaria o sin derecho a asistir a la escuela", afirmó desde Estrasburgo.

Ante la repercusión y las críticas que despertó este anuncio, el consistorio gobernado por una coalición de convergentes con los socialistas catalanes y Esquerra Republicana de Catalunya pidió un informe al bufete del ex diputado Miquel Roca, que concluyó que la actuación del ayuntamiento de Vic "no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley" de Extranjería.

El ayuntamiento envió posteriormente una instancia a la subdelegación del Gobierno de Barcelona dirigida al ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que le pedía que informara por escrito de los requisitos exigibles para el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros no comunitarios.

El presidente de la Generalitat catalana, el socialista José Montilla, ha dicho que no apoya esta propuesta, aunque ha criticado lo que calificó de "buenismo" en la gestión de la inmigración y destacó que la realidad de Vic es "muy compleja" ya que la ciudad tiene un porcentaje de extracomunitarios que supera la media catalana y aseguró que hasta la fecha la gestión que ha hecho del fenómeno migratorio ha sido "modélica".

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