17 de junio de 2014 / 14:23 / hace 3 años

Sindicatos españoles ven electoralismo en la reforma fiscal del Gobierno

5 MIN. DE LECTURA

* Creen que contempla cambios coyunturales, no estructurales

* Advierten que recaudación depende demasiado de recuperación

* Piden ser más incisivos contra el fraude fiscal

Por Blanca Rodríguez

MADRID, 17 jun (Reuters) - Los principales sindicatos españoles advirtieron el martes de que la reforma fiscal que prepara el Gobierno fía demasiado su éxito a que el tirón del sector privado impulse la aún tímida recuperación económica, y vieron tintes electoralistas en algunas de sus propuestas de rebajas de impuestos.

"El Gobierno inscribe esta reforma fiscal dentro de un escenario de intensificación del proceso de recuperación económica sobre el que nosotros tenemos serias dudas", dijo el líder de UGT, Cándido Méndez, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto con otros representantes de CCOO.

Antes de que la reforma llegue al Consejo de Ministros este viernes, en las últimas semanas han ido trascendiendo sus principales líneas maestras, que pasan por una rebaja de las principales figuras tributarias para estimular la economía con ahorros para los contribuyentes de unos 5.000 millones de euros en dos años.

Los sindicatos consideraron que la reforma, que Montoro les esbozó "verbalmente" y sin muchos detalles, tiene un alto componente electoralista ya que, aunque la previsión es que se apruebe definitivamente hacia noviembre, gran parte de las medidas entrarán en vigor en 2015, año en el que se celebran elecciones autonómicas y generales.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), donde el Gobierno quiere reducir todos los tramos, subir los mínimos exentos y mejorar las deducciones para las familias, los sindicatos lamentaron que no fuera a gravarse más a las rentas del capital y las del trabajo siguieran asumiendo las mayores cargas.

Para los trabajadores autónomos, el Ejecutivo reducirá su retención del 21 al 19 por ciento, y fijará un gravamen aún más bajo para los que tengan una menor renta, además de limitar el llamado sistema de módulos para aquellos que traten directamente con el consumidor final, como comercio, hostelería y taxis.

El secretario de protección social de CCOO, Carlos Bravo, dijo que el Gobierno pretendía "inyectar dinero en la economía de una manera regresiva" sin cambiar la estructura tributaria y señaló que su impacto sería más favorable para las grandes empresas, gracias a las rebajas en el impuesto de sociedades.

La reforma reducirá en dos años los tipos nominales de este impuesto, que pasarán del 30 al 25 por ciento a cambio de la eliminación de algunas deducciones, manteniéndose los incentivos a la reinversión de beneficios y en investigación y desarrollo.

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), los sindicatos propusieron bajar del tipo reducido al superreducido los productos básicos de la compra y subir la imposición a los artículos de lujo, aunque el Gobierno no prevé tocarlo más allá de las subidas a artículos sanitarios impuestas por Bruselas.

Méndez, que dijo que su impresión era que el Ejecutivo tampoco iba a "mover" impuestos especiales como los que pesan sobre el alcohol y el tabaco, señaló que el Gobierno debía ser "mucho más incisivo" en la lucha contra el fraude fiscal y aumentar la dotación de trabajadores de la Agencia Tributaria.

incógnitas autonómicas

Entre las incógnitas que quedan por despejarse y que Montoro no explicó a los sindicatos figura cómo afectarán a las Comunidades Autónomas (CCAA) los cambios tributarios, por si el Ejecutivo decide limitar la autonomía de las regiones a la hora de fijar tramos y tipos impositivos diferentes en el IRPF.

También queda por desvelarse qué pasará con los impuestos estatales cuya gestión ha sido cedida por completo a las CCAA, como el de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o el de sucesiones y donaciones.

La reforma tributaria servirá de base para la esperada renovación del modelo de financiación autonómico, que el Gobierno se ha comprometido a tener cerrado antes de final de año y que es susceptible de generar tensiones incluso dentro del Partido Popular. (Editado por Carlos Ruano)

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