4 de diciembre de 2012 / 16:03 / en 5 años

Críticas ante el proyecto de reforma educativa en España

Por Cristina Fuentes-Cantillana

MADRID, 4 dic (Reuters) - Sindicatos y comunidades autónomas expresaron el lunes su oposición a un borrador de reforma educativa presentado por el Gobierno español que incluiría cambios en materia de lenguas cooficiales y asignaturas alternativas a la religión.

El Gobierno catalán en funciones anunció su disposición de recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional, mientras que el Sindicato de Estudiantes anunció una "semana de lucha" para el próximo febrero, continuando los encontronazos con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Las protestas sucederán a las registradas en los últimos meses, principalmente debido a las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, en un intento de cumplir los objetivos de déficit pactados con la Unión Europea.

Según varios medios, el modelo propuesto por el Ministerio contempla que las regiones financien la enseñanza en un curso privado a los alumnos a los que no se pueda ofertar educación en un centro público en el idioma elegido por los padres.

La propuesta choca con sistemas educativos como el catalán, donde los alumnos reciben todas las asignaturas en catalán salvo una específica sobre castellano, especialmente dado que las competencias en educación están transferidas a las Comunidades Autónomas.

"Cuando llevamos una ley (al TC), primero la tenemos que aplicar, pero en este caso, con el apoyo de la sociedad, (...) será posible evitar esta aplicación", dijo la consejera catalana de Educación, Irene Rigau, en declaraciones que algunos han interpretado como una llamada a la insumisión.

Por su parte, en un duro comunicado, el Sindicato de estudiantes hizo una llamada a una "semana de lucha" del 4 al 8 de febrero, que incluye manifestaciones y una huelga de estudiantes de 72 horas.

"PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA"

El secretario general de FETE-UGT en Madrid , Eduardo Sabina señaló a Reuters que el proyecto "se vuelca en la privatización del sistema y promociona una visión reaccionaria del conjunto del sistema".

En opinión del sindicato, explicó Sabina por teléfono, el problema fundamental del borrador es que "plantea la educación en un ámbito de competición permanente" y no de igualdad de oportunidades.

Desde que asumió el cargo, Wert ha chocado en varias ocasiones con las comunidades docente y estudiantil, así como con las regiones con lenguas cooficiales. En uno de los incidentes más destacados, el titular de Educación, el peor valorado del Gobierno según sondeos recientes, expresó su intención de "españolizar" a los estudiantes catalanes.

El sindicato de profesores ANPE, por su parte, señaló que si bien el borrador contiene "algunas mejoras" respecto al anterior, "no es la reforma global y profunda que necesita el sistema educativo", y en concreto rechaza que se recurra a centros privados para que los alumnos reciban su educación en el idioma elegido por sus padres.

DESAPARECE "EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA"

Otro de los cambios contemplados, según los medios, es la desaparición de Educación para la ciudadanía, una controvertida asignatura introducida en el temario por el Gobierno anterior, dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que provocó una fuerte oposición en la Iglesia católica y en sectores conservadores de la sociedad.

En su lugar, los alumnos de primaria recibirán clases de "Valores culturales y sociales", mientras que los de secundaria tendrán "Valores éticos" como alternativa a la religión.

Pese a la previsible polémica por este cambio, Sabina, de UGT, lo describió como "una cortina de humo" para distraer la atención sobre otros aspectos de la reforma.

El Sindicato de Estudiantes se mostró muy crítico con la introducción de estas asignaturas, a las que describió como "religión confesional" en un comunicado, acusando al Gobierno de "utilizar la escuela como un púlpito (para) adoctrinar a la juventud".

En cuanto a materia de lenguas cooficiales, el SE considera que el proyecto supone "impulsar la segregación lingüística de los estudiantes y facilitar la privatización de la educación pública". (Información de Cristina Fuentes-Cantillana; Editado por Inmaculada Sanz)

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