España busca desactivar indemnización para eventual cierre Castor

jueves 10 de octubre de 2013 20:02 CEST
 

MADRID, 10 oct (Reuters) - El ministro de Industria dijo el jueves que el Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo que declare lesiva una cláusula que obligaría al Estado a indemnizar a la empresa concesionaria del almacén submarino Castor, un proyecto con un coste multimillonario y refinanciado con bonos patrocinados por el Banco Europeo de Inversiones.

"Hemos solicitado al Tribunal Supremo la declaración de lesividad de una de las claúsulas incluidas en el real decreto de 2008 en virtud de la cual se concedió la autorización administrativa para este almacenamiento", dijo José Manuel Soria ante una comisión de Industria en el Congreso centrada exclusivamente en el controvertido almacén de gas.

Soria se refirió concretamente al artículo 14 de la citada ley, que señala que en caso de finalización de la concesión, el Estado pasaría a ser titular las instalaciones y tendría que indemnizar a Escal UGS, propiedad de la constructora española ACS y la eléctrica canadiense Dundee Energy, siempre que la instalación siga operativa.

La indemnización se fijaría calculando el valor neto contable de las instalaciones, aunque si la extinción fuera por culpa o negligencia de la empresa concesionaria, el Estado sólo pagaría por el valor residual.

"No sabemos lo que va a decir el Supremo, estaremos a lo que diga, pero nos parece que es claramente lesiva para el interés general", dijo el titular de Industria.

Previamente, Soria había indicado que el coste total del proyecto Castor rondaría los 1.700 millones de euros, incluyendo inversiones de la empresa, las compras de gas colchón (186 millones) y los costes financieros (234 millones) asociados a un préstamo sindicado con el que la operadora financió primeramente la inversión.

Este coste lo asumirán los consumidores a través del recibo del gas.

"En consecuencia el coste total del proyecto se estima que podría alcanzar los 1.700 millones de euros", señaló el ministro.

Industria paralizó la actividad del almacén submarino de gas a finales del mes pasado después registrarse centenares de pequeños terremotos en el Golfo de Valencia, una situación que ha generado debate político y alerta social en las zonas afectadas del norte de Castellón y el sur de Tarragona.

Entretanto, Soria señala que el su departamento está dispuesto a tomar cualquier tipo de medida en función del resultado del informe que están actualmente elaborando los expertos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

"Si se dan las condiciones de seguridad la actividad se reanudaría (...) si no está clara la seguridad no se va a reanudar", señaló el jueves, añadiendo que no precisó cuándo estará listo el informe. "Preferimos que los informes definitivos sean claros y rotundos". (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González)