5 de octubre de 2012 / 16:53 / hace 5 años

ACTUALIZA 1-El Gobierno aprueba una polémica Ley de Costas

(Actualiza con reacción de Greenpeace)

MADRID, 5 oct (Reuters) - El Gobierno aprobó el viernes el proyecto de una nueva Ley de Costas que plantea un uso sostenible del litoral español y trata de reforzar la confianza en las actividades económicas costeras, pero que ha contado con la oposición frontal de los grupos ecologistas.

Entre otras cosas, supondrá que los edificios que están a menos de 100 metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo e incluye una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa.

Esta ley modifica la de julio de 1988 que, según el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha demostrado ser ineficaz en numerosas ocasiones.

La ley tiene tres objetivos, según el ministro: “reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades económicas sostenibles, (...) reforzar la seguridad jurídica en el litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica”, dijo Arias Cañete durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro detalló que la ley tratará de proteger las 23.000 ocupaciones no residenciales que generan empleo en la costa española, de las cuales 3.000 corresponden a los denominados “chiringuitos”, para los que establecerá concesiones de cuatro años siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral.

SEGURIDAD A LOS PROPIETARIOS

El titular de Medio Ambiente dijo que la normativa pretende también ofrecer seguridad jurídica para los titulares de viviendas.

Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables a otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la norma de hace 24 años.

La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la pasada legislación era un seguro contra la especulación y la corrupción, a pesar de que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.

Greenpeace - que hace unos meses denunció que el mantenimiento de las actuaciones inadecuadas en la costa cuestan 100 millones de euros anuales al Estado - calificó la nueva norma de “engaño” y acusó al Ejecutivo de “vender la costa al mejor postor” en un comunicado.

“El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa”, dijo Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace en una nota difundida tras el anuncio del Gobierno.

Por su parte, el ministro sostuvo que “es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones”.

La ley incluye también la llamada “cláusula antialgarrobico”, que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.

“Regula la posibilidad que tiene ahora el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles siempre con la última palabra para los tribunales”, dijo Arias Cañete.

La ley diferenciará también las playas urbanas de las naturales, incrementando la protección en estas últimas y reduciendo las ocupaciones, agregó. (Información de Raquel Castillo Lopez; Edición de Teresa Medrano)

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