Ajustes y sombra de intervención ponen a prueba aguante de CCAA

jueves 19 de julio de 2012 17:22 CEST
 

Por Blanca Rodríguez Piedra

MADRID, 19 jul (Reuters) - Los drásticos ajustes aprobados por el Gobierno español para reducir su elevado déficit público están provocando no sólo protestas ciudadanas, sino todo un conato de rebelión desde algunas administraciones regionales, que consideran que sus márgenes de actuación ya están tensados al máximo.

Las comunidades, responsables de más de una tercera parte del gasto total del Estado, gestionan servicios como la sanidad y la educación, socialmente muy sensibles a cualquier recorte, y están sufriendo para cumplir con sus ambiciosas metas de déficit, que las obligan a pasar del 3,3 por ciento del PIB de 2011 al 1,5 por ciento este año y el 0,7 por ciento el próximo.

En un clima de creciente malestar social, y con la amenaza de la intervención de las cuentas regionales encima de la mesa, el presidente catalán elevó el miércoles el tono abogando por una rebelión autonómica ante el Gobierno central del Partido Popular que cuenta con una amplia mayoría en el Parlamento y controla también gran parte del mapa territorial.

El nacionalista Artur Mas escenificó su malestar pidiendo un plante regional general por considerar un "acto de deslealtad total" los esfuerzos exigidos por parte del Ejecutivo, mientras que Andalucía y País Vasco, ambas gobernadas por socialistas, están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad a los recortes si ven invasión de competencias.

Las quejas contra los nuevos ajustes se suman a la decisión del Gobierno de no trasladar a las comunidades autónomas (CCAA) parte de la flexibilización del déficit concedida por Bruselas a España, lo que ya había colocado al límite la paciencia de algunas regiones.

Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está empeñado en demostrar a sus socios europeos que puede controlar las cuentas públicas del país, tampoco quiere señalar con el dedo a ninguna comunidad, y está manteniendo con secretismo los nombres de aquellas que han recibido una advertencia aún informal, que algunos sitúan en hasta 11 del total de 17.

"Hacienda está intentando evitar la imagen de enfrentamiento entre administraciones y está revisando las cuentas con las comunidades que puedan estar más cerca del incumplimiento para no llegar a procedimientos formales", dijo a Reuters el jueves una fuente del Gobierno.

"Estamos en una fase aún muy inicial, no está corriendo ningún plazo oficial, no hay ninguna amonestación formal, aunque eso no quita para que, si tiene que hacerse, se haga más adelante", añadió la fuente.   Continuación...