Cae la morosidad a proveedores, aunque sigue lejos del plazo legal -informe

miércoles 16 de marzo de 2016 16:14 CET
 

MADRID, 16 mar (Reuters) - El plazo medio de pago a
proveedores se redujo en los sectores público y privado en 2015,
aunque siguió todavía muy alejado de los plazos marcados por la
ley, mostró el miércoles un nuevo informe de la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). 
    "Planteamos tolerancia cero a la morosidad", dijo el
presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en una rueda de prensa
para explicar el informe. "Con rigor y seriedad, vamos a exigir
el cumplimiento del marco legislativo", añadió.
    En plena crisis económica, el Gobierno español realizó desde
2012 varios planes anuales para regularizar el pago a los
proveedores de las administraciones públicas y evitar una demora
de meses e incluso años en, por ejemplo, el reembolso de
medicamentos a farmacias o a laboratorios farmacéuticos. 
    La ley española marcó como objetivo un plazo de pago de 30
días para las administraciones públicas y de 60 días para los
contratos privados.
    El estudio publicado el miércoles, que obtuvo más de 700
respuestas de las empresas encuestadas entre febrero y marzo,
mostró que los plazos medios de pago se redujeron hasta 75 desde
82 días en el sector público y a 85 desde 89 días en el privado.
    Cañete dijo que la morosidad ha causado el cierre de un
tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el
inicio de la crisis y que casi la totalidad de los encuestados
(95 por ciento) estaba a favor de un régimen sancionador.  
    El 94 por ciento de los proveedores no exigió la
indemnización legal por los costes de recobro en caso de
impagos, según el estudio.
    
    PENDIENTES DE BRUSELAS
    La ley aprobada en 2012 dictó que los proveedores de las
administraciones públicas cobrarían su deuda a cambio de
sacrificar los intereses de demora, pero la Comisión Europea
está tramitando un procedimiento de infracción contra España que
podría eliminar esta condición. 
    La PMcM, que dijo que esperaba que Bruselas pudiera decidir
pronto sobre el asunto, cifró los intereses de demora que
deberían abonar las administraciones públicas en unos 3.000
millones de euros, pero el tiempo corre en contra de los
proveedores.
    "Si Bruselas dicta la sentencia, los afectados tendrían muy
poco tiempo para reaccionar al prescribir la deuda este mayo
para los que cobraron en la primera fase del plan de pago a
proveedores. Si no saliera adelante, por no haber hecho
reclamación, estos proveedores tendrían que dar ya por perdido
su derecho a cobrar", dijo Cañete. 

 (Información de Miren Masides; Editado por Rodrigo de Miguel)