4 de abril de 2013 / 14:13 / en 4 años

ANÁLISIS-Prejubilaciones, un coste extra para empresas españolas

* Más bancos y grandes compañías pagarán paro y cotizaciones de prejubilados

* España prevé recaudar 390 mls por la "enmienda Telefónica"

* Nuevas medidas reducirán despidos de mayores 50 años

* Reforma tiene carácter retroactivo, afecta a grandes ERE

Por Blanca Rodríguez

MADRID, 4 abr (Reuters) - En medio de fuertes tensiones en el sistema de pensiones español por la caída de los cotizantes y el envejecimiento de la población, España prevé ingresar casi 400 millones de euros con las aportaciones al Tesoro que tendrán que hacer bancos y grandes empresas que despidan a mayores de 50 años.

El Gobierno español se ha propuesto acabar con la práctica sistemática de las empresas de recurrir a las prejubilaciones a costa de las arcas públicas, y por ello ha endurecido los supuestos de la llamada "enmienda Telefónica", por la que las compañías de más de 100 empleados con beneficios tienen que costear las prestaciones por desempleo y cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que prejubilen.

La norma aprobada en marzo amplía, con efecto retroactivo al 1 de enero, los supuestos de esta disposición, que tomó su nombre porque el entonces Gobierno socialista la adoptó después de que la operadora anunciara en 2011 un polémico ERE de miles de trabajadores en España pese a tener beneficios.

Anteriormente, se tenía en cuenta si la empresa había tenido beneficios en los dos últimos ejercicios para determinar si ésta tenía que hacer aportaciones al Tesoro. Ahora, tendrá que pagar si ha tenido dos ejercicios consecutivos de beneficios incluso cuatro años después del proceso de regulación.

Aunque el objetivo declarado de estos cambios no es recaudatorio, el hecho es que el Gobierno prevé conseguir por estos cambios 390,5 millones de euros en los próximos nueve ejercicios, a razón de una media de ingresos de 43 millones al año a partir de 2014, según la memoria económica del decreto ley a la que tuvo acceso Reuters.

El año pasado, las grandes empresas prescindieron de 13.579 trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, un 35 por ciento del total, según datos del Gobierno, que prevé que el efecto disuasorio de las medidas reduzca ese número en un 20 por ciento.

El Ejecutivo ha intensificado su cruzada contra la salida del mercado laboral de los trabajadores de más de 50 años porque este colectivo acaba en muchas ocasiones enlazando el cobro del paro con subsidios y con la jubilación anticipada, disparando el coste para las finitas arcas públicas.

CAMBIO AFECTA A ERE CON MILES DE TRABAJADORES

La retroactividad de la norma hará que los cambios se apliquen a grandes expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados desde principios de 2013 en entidades financieras como Bankia, Banco de Valencia, CaixaBank, Caja3 o NCG Banco, y en empresas como Iberia o Vodafone España, que en total suman más de 14.000 trabajadores.

A estos se podrían sumar otros 3.000 trabajadores que los sindicatos calculan podrían salir con motivo de la absorción de Banesto por parte de Santander.

Parte de esas salidas de empleados se llevarán a cabo mediante prejubilaciones, pero como se decidieron antes del cambio en la legislación, no tuvieron en cuenta un sobrecoste millonario, según expertos laboralistas.

"Va a tener un impacto tremendo en los procesos de reestructuración realizados en estos últimos meses, con un incremento sobre el coste previsto al tiempo de concluir los acuerdos colectivos que puede llegar al 30 ó 40 por ciento", dijo Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, a Reuters.

Aunque la "enmienda Telefónica" lleva en vigor desde abril de 2011, el Gobierno no desarrolló su reglamento hasta finales del pasado octubre, y desde el Ministerio de Empleo no se ofrecen cifras de lo que se ha ingresado hasta ahora por este concepto ni qué empresas han pagado ya.

Desde el departamento de Fátima Báñez sólo se señala que ya ha habido "algunos ingresos", pero se asegura que acabarán pagando todas las empresas afectadas desde la entrada en vigor de la norma el 27 de abril de 2011.

INCERTIDUMBRE ENTRE EMPRESAS

Las empresas tendrán que hacer más números que nunca para calcular los costes finales de sus ERE, al aumentar el periodo de evaluación de los resultados de la compañía para saber si tendrá que pagar finalmente al Tesoro, y la protección de los empleados más mayores se hará a costa seguramente de otros más jóvenes.

"Introduce un margen de incertidumbre muy, muy gordo y para las empresas va a ser un elemento a tener en cuenta (...) Una empresa se puede ver en la situación inesperada incluso tres o cuatro años más tarde de haber cerrado un despido colectivo", dijo Antonio Pedrajas, del despacho Abdón Pedrajas & Molero.

La nueva norma prevé que se realicen las aportaciones al Tesoro sólo si la proporción de mayores de 50 años despedidos supera la proporción de este colectivo en el total de la plantilla, mientras que, antes, las empresas tenían que pagar desde el primer empleado de ese grupo de edad que entraba en un ERE.

Los expertos señalan esta cláusula de la proporcionalidad como uno de los aspectos de la reforma que podría utilizarse en beneficio de las empresas, que podrán "jugar" con los porcentajes de grupos de edad de los trabajadores para intentar librarse de pagar al Tesoro.

"Introduce racionalidad, o por lo menos, si lo que se pretende es evitar la discriminación de los trabajadores de más edad, es una medida que tiene sentido", dijo a Reuters Bernardo Pérez Navas, socio del departamento laboral del despacho de abogados Garrigues.

Los sindicatos, que criticaron desde el principio esta nueva reforma de las pensiones por haberse hecho sin consenso y por suponer en su opinión nuevos recortes sociales, temieron precisamente por el futuro de los empleados más jóvenes tras la reforma.

"(Las empresas) puede evitar totalmente ese sobrecoste planificando el volumen de trabajadores más jóvenes a despedir, precisamente el colectivo que tiene menor protección por desempleo de nivel asistencial", dijo Comisiones Obreras en un documento sobre la reforma. (Editado por Carlos Ruano)

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