Gobierno facilita despidos en Administración y empresas públicas

martes 30 de octubre de 2012 18:04 CET
 

MADRID, 30 oct (Reuters) - El Gobierno español ha ampliado las condiciones mediante las cuales tanto la Administración Pública como las empresas públicas puedan llevar a cabo despidos colectivos.

Según los detalles publicados el martes en el Boletín Oficial del Estado, las empresas públicas que no tengan la consideración de Administraciones Públicas podrán efectuar despidos colectivos cuando descienda, en términos interanuales, su nivel de ingresos ordinarios durante tres trimestres consecutivos, o bien prevean entrar en pérdidas o haya entrado ya en números rojos.

"Se entiende que concurren causas económicas (para efectuar un despido colectivo) cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas", reza el reglamento.

En el texto se especifica que la disminución será considerada persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

El reglamento publicado ofrece detalles de la aplicación del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros mediante el cual el Gobierno, entre otras consideraciones, dictaminó que las empresas de más de cien empleados con dos años de beneficios que dejen sin empleo a mayores de 50 años deberán hacerse cargo de gran parte de los costes que estos despidos ocasionen a las arcas públicas.

En lo referente a la Administración Pública, se establece que se podrán llevar a cabo despidos colectivos en caso de "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente (durante tres trimestres seguidos) para la financiación de los servicios públicos correspondientes".

En este sentido, el reglamente dice que hay insuficiencia presupuestaria cuando en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el ente hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, o bien que los créditos, transferencias, o aportaciones patrimoniales recibidos se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios anteriores.

Respecto a este punto, el principal sindicato de la función pública, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), denunció que el Gobierno "ha rebajado del 10 al 5 por ciento la minoración de créditos exigida para llevar a cabo los despidos, respecto al borrador inicial trasladado a los sindicatos el pasado verano"

CSI-F calculó que esta situación "afecta de manera potencial a un colectivo de personal laboral de 700.000 personas y sus familias".   Continuación...