17 de octubre de 2012 / 15:07 / hace 5 años

La educación abre nueva brecha social para el Gobierno de España

* Estudiantes y padres convocan huelga general el jueves

* Se suman a las protestas ya realizadas por profesores

* Masificación, tasas y reducción becas y personal, focos de protesta

* Convocantes defienden modelo público, ven “clasista” la reforma

Por Borja González Andrés

MADRID, 17 oct (Reuters) - En el marco de la autodenominada “semana de la lucha” miles de estudiantes protestaban el miércoles en distintas ciudades españolas contra el deterioro en la enseñanza pública abriendo otra brecha en la creciente oposición popular a la política de austeridad emprendida por el Gobierno.

“Estamos aquí apoyando esta protesta porque es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno con la educación”, explica Julia Cinhoe, que con quince años cursa cuarto de la ESO en el instituto público Diego Velázquez, uno de los más poblados de la Comunidad de Madrid con 1.200 alumnos matriculados. “Cada vez somos más en clase, hay menos profesores y nos atienden peor”.

Los alumnos se suman así a la comunidad docente, una de las primeras en levantarse en contra de los recortes en los considerados servicios básicos en un movimiento iniciado en 2011 bajo el lema “Escuela pública: de todos y para todos”.

El jueves, las protestas subirán de tono cuando tanto los sindicatos de estudiantes como la mayor confederación de padres y madres (CEAPA) de alumnos han convocado una huelga general que completará una semana de movilizaciones.

Es la primera vez que CEAPA, la confederación que agrupa a casi 12.000 asociaciones de padres y madres de enseñanza no universitaria en todo el país, pide a las familias que no lleven a sus hijos a los centros educativos, lo que ha provocado una airada reacción del Ejecutivo.

“El ataque sin precedentes al derecho a la educación en este país exige respuestas que hasta este momento nunca se habían contemplado”, dijo a Reuters José Luis Pazos, portavoz de CEAPA.

Junto con los estudiantes, los padres protestan contra una reforma educativa que aumenta el número de alumnos, las horas lectivas del profesorado y reduce el personal docente, becas y determinadas especialidades curriculares además de elevar las tasas universitarias.

“Los chavales casi no caben en las clases y no se están cubriendo las plazas de los compañeros que se jubilan (...) hemos llegado a estar meses sin papel y sin poder utilizar la fotocopiadora”, dijo José Luis Luquero, profesor de Economía en un instituto madrileño. “Estamos perdiendo unos años preciosos y esto tendrá efectos perversos a largo plazo”, añadió.

Entre los compromisos asumidos por España para reducir su déficit, el más controvertido es el relativo a Sanidad y Educación, con las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy se ha comprometido a ajustar el gasto educativo y sanitario en casi 15.500 millones entre 2013 y 2014.

MAYORÍA PÚBLICA

Estudiantes preuniversitarios, que desde el martes protagonizan una huelga de 72 horas, coreaban el miércoles gritos contra “la tijera”, pero también contra una nueva reforma educativa que tachan de “clasista”.

En un país con una tasa de paro del 25 por ciento, el 68,2 por ciento de los 7,9 millones de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias cursan sus estudios en centros públicos, según datos del ministerio de Educación.

El Gobierno, con una amplia mayoría absoluta que garantiza la aprobación de sus políticas de contención, sostiene que gasta mucho más que los países vecinos en educación y que no puede permitírselo en la crisis actual. Según datos oficiales, España gastó en educación 51.000 millones de euros en 2011, un 4,81 por ciento del PIB.

Además, el Gobierno impulsa la reforma argumentando que el país ocupa los últimos puestos en los informes educativos elaborados por la OCDE comparado con sus vecinos comunitarios y que registra una tasa de abandono escolar cercana el 30 por ciento, doblando la media de la UE, según datos de Eurostat.

Pero, más allá de impulsar la meta fiscal, la reducción de recursos educativos choca con otras recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que se encuentran mejorar la calidad “y reforzar los esfuerzos para reducir el abandono escolar temprano y aumentar la participación en la educación y formación vocacional”.

Carla Martín, profesora con plaza en propiedad en educación primaria pública en España, solicitó este año una excedencia de dos años para buscar iniciativas y espacios educativos tanto dentro como fuera de España.

“Ha llegado un momento en el que no puedo crecer personal y profesionalmente, llevo años ahorrando para investigar en formas alternativas”, explica la maestra de 35 años. “No es que no haya margen para innovar, la presión de los recortes ... no te dejan tiempo para trabajar lo importante que, para mí, son las necesidades de los niños y niñas, los conflictos, la convivencia...”

CONTRA LA ‘LEY WERT’

La confederación de padres y madres y el sindicato estudiantil exigen la retirada de la nueva ley y la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que el lunes acusó a los convocantes de alentar una huelga política extremista.

“(...) deduzcan ustedes si se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema o se trata realmente de lo que ellos presentan como una huelga contra los recortes”, dijo Wert, el ministro español peor valorado según el último barómetro del CIS.

Los convocantes entienden que la séptima reforma educativa de la democracia ahondará en las desigualdades sociales y dificultará el acceso a la educación pública de calidad.

“Se va hacia un modelo educativo en el que tienen derecho a una educación de calidad aquellos que se la pueden pagar, y todos los demás nos quedaremos en un sistema asistencial”, dijo Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes.

‘TASAZO’ EN LA UNIVERSIDAD

Aunque las universidades quedan por el momento libres de la reforma legislativa, los ajustes del Ejecutivo han supuesto una subida efectiva del precio de las matriculas, aunque con márgenes diferentes, al ser las Comunidades Autónomas las encargadas de fijar el importe final.

“Al final, sólo podrán acceder a la educación los que tengan más dinero (...) en ese sentido, yo no quiero que España se convierta en un país como Estados Unidos”, dijo Héctor García, estudiante de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que este año disfruta de una beca Erasmus en la Universidad inglesa de Exeter.

Precisamente la Comisión Europea alertó a comienzos de este mes de que podría quedarse sin fondos para los programas de movilidad, incluido el Erasmus, si los Estados miembros no aprobaban una ampliación presupuestaria.

España es el país europeo que más alumnos envía al resto del continente y también el que más estudiantes recibe.

Cerca de 270.000 estudiantes europeos se benefician este año de una beca Erasmus, según datos de la Comisión. (Información de Borja González Andrés; editado por Carlos Ruano y Tomás Cobos)

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