12 de septiembre de 2012 / 6:48 / hace 5 años

Crisis española amenaza la supervivencia de medios públicos

Por Borja Gonzalez

MADRID, 11 sep (Reuters) - Las duras exigencias para controlar el gasto en la peor crisis económica de la democracia española pueden ser la estocada final para un modelo de radiotelevisión pública en el que durante años han convivido excesos, injerencias políticas y gestiones deficitarias.

En un intento de compensar la fuerte y continuada caída de la inversión publicitaria, las trece Comunidades Autónomas (CCAA) españolas que administran medios de comunicación públicos aún mantienen este año para ellos una dotación presupuestaria total superior a los 1.000 millones de euros.

Sin embargo, estas subvenciones públicas - que se han reducido en los últimos ejercicios pero que multiplican por tres los 342 millones de euros que el gobierno central dedicará este año a financiar la radiotelevisión estatal - no han servido para mitigar unas abultadas deudas.

Unas plantillas de trabajadores superpobladas, la firma de contratos multianuales para retransmitir eventos deportivos, o la oferta de contenidos que aspiraban a competir de tú a tú con los de grandes medios privados como Antena3 o Telecinco, han contribuido, entre otros factores, a consolidar y aumentar esas deudas.

“La recesión publicitaria complica el futuro de los canales autonómicos, cuya gestión en los años de bonanza se revela desafortunada y carente de objetivos de servicio público”, dijo Bernardo Díaz Nosty, catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga.

Una de las consecuencias más dramáticas de la errática administración económica de los medios autonómicos es la destrucción de puestos de trabajo, en un país con el 25 por ciento de la población activa en paro y donde miles de periodistas han perdido su empleo en el último lustro.

La radiotelevisión pública de la Comunidad Valenciana, símbolo del derroche con un endeudamiento astronómico que alcanza los 1.200 millones de euros y un porcentaje de audiencia casi residual, ha sido la primera en aprobar un draconiano plan de despidos que acabará con tres cuartas partes de sus trabajadores en la calle.

“(El plan de despidos) es lamentable, aunque habría que preguntarse si una televisión autonómica como la valenciana tiene que tener 1.700 personas trabajando en ella”, señaló Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, la mayor organización de periodistas en España.

Los primeros entes autonómicos de radiotelevisión nacieron a comienzos de la década de los ochenta con la intención de potenciar la cultura y la lengua propias en regiones donde estas habían sido silenciadas durante la dictadura franquista, como el País Vasco, Cataluña y Galicia.

Pero su expansión se multiplicó en los primeros años del nuevo siglo - mientras España y sus CCAA registraban altos niveles de crecimiento - hasta llegar a alcanzar, en conjunto, 60 canales de radio y televisión, y más de 10.000 trabajadores.

Su monumental tamaño y la influencia potencial que ejercían en cada territorio hizo que muchos de estos medios autonómicos se convirtiesen en nuevas herramientas de propaganda política para los partidos gobernantes.

“Han sido más instrumentos de poder que instrumentos de comunicación hacia los ciudadanos”, añadió del Riego.

Actualmente, solo Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Navarra no disponen de medios regionales públicos.

LUZ VERDE A LA PRIVATIZACIÓN

Ante la frágil situación por la que atraviesan, algunos medios autonómicos han optado por suprimir sus segundos canales de televisión, externalizar servicios y franjas horarias de su programación, o plantear públicamente la posibilidad de privatizarse, una vez aprobada la reforma legislativa que permite hacerlo.

El propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya anunció durante su discurso de investidura que el ejecutivo central buscaría nuevas fórmulas de gestión que garantizasen la viabilidad de los medios públicos.

Algunas regiones ya han manifestado públicamente su interés en privatizar sus entes autonómicos, como Castilla La Mancha, Murcia o la Comunidad de Madrid, cuya radiotelevisión podría afrontar un duro recorte de plantilla en los próximos meses, según fuentes sindicales del ente.

El proceso de privatización, sin embargo, depende de que se planteen ofertas por parte de inversores privados para hacerse con las licencias de emisión.

Analistas dudan de que eso pueda ocurrir en un momento de fuertes contracciones en el mercado publicitario español, que han propiciado la fusión de las privadas Telecinco y Cuatro y la negociación para la integración de Antena3 y La Sexta.

“Con estas circunstancias, pensar que alguien va a intentar meterse en el negocio de la televisión, y sobre todo compitiendo con dos compañías que van a controlar cerca del 90 por ciento (Antena3 y Mediaset), no tiene ningún sentido”, dijo una fuente del sector.

En la Unión Europea, solo el sistema alemán de medios regionales, con 9 operadores para 16 regiones, es comparable con el modelo español. En Francia e Italia, es la radiotelevisión pública estatal la encargada de programar contenidos a nivel regional.

Sin embargo, la FORTA, la asociación que agrupa a la mayoría de medios autonómicos, destaca en un informe sobre el sector que las televisiones públicas autonómicas tienen un coste anual de 30,6 euros por habitante, por debajo de la media europea que se sitúa en 42,4 euros.

El secretario general de la FORTA, Enrique Laucirica, considera que aunque la reforma de la ley “abre nuevas posibilidades de gestión” para los entes públicos, su futuro podría pasar por la externalización - tanto de contenidos como de servicios y franjas horarias - a productoras privadas para ahorrar costes.

“En estos momentos hay un cierto tejido industrial gracias a las televisiones autonómicas y, seguramente, el modelo de externalización es más factible y más viable de lo que podía ser cuando nacieron”, indicó Laucirica.

RECORTES DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Los recortes presupuestarios no solo afectan a los medios autonómicos, también a los grandes medios públicos dependientes del Estado con proyección internacional, como la agencia de noticias EFE y la corporación Radio Televisión Española (RTVE).

En el caso de esta última, la subvención pública que recibe a través de los Presupuestos Generales del Estado se ha reducido un 37,4 por ciento este año.

Desde el año 2010 RTVE no emite publicidad y la pérdida de ingresos por este concepto se compensa con aportaciones de televisiones privadas y operadores de telecomunicaciones, además del cobro de una tasa sobre el uso del espacio radioeléctrico.

Hasta ahora, el descenso en las aportaciones económicas a estos dos medios no se ha traducido en grandes reducciones de plantilla, como la que sufrió RTVE en el año 2006.

Sin embargo, la agencia EFE puso en marcha un ERE en el mes de junio que ha obligado a dirección y sindicatos a pactar duras medidas para evitar el despido de 275 periodistas y lograr la viabilidad económica de la empresa.

“Ahogar a medios públicos de referencia, como RTVE y la agencia EFE, yo creo que empobrecerá la calidad de la información y, por ende, la calidad democrática (...) los recortes en estos dos medios tienen una incidencia enorme incluso para la marca España”, dijo Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

En el caso de RTVE, a las dificultades presupuestarias se les suma una polémica política surgida tras el cambio legislativo incorporado por el gobierno del Partido Popular que permite elegir al presidente de la corporación con mayoría absoluta parlamentaria y no con una mayoría de dos tercios, como hasta ahora.

“Hay que romper de una vez la dinámica que se ha tenido tradicionalmente de que, cada vez que hay un cambio de gobierno, automáticamente hay cambios en RTVE”, dijo Yolanda Sobero, presidenta del consejo de informativos de la televisión pública. (Información adicional de Clare Kane; editado por Tomás Cobos)

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