3 de mayo de 2012 / 8:45 / hace 5 años

RPT-ENFOQUE-Valencia, espejo más cruel de la realidad española

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Por Carlos Ruano y Julien Toyer

VALENCIA, 2 may (Reuters) - “¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?” preguntaba ante las cámaras a sus nietos el entonces presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, en la inauguración en marzo de 2011 de un aeródromo fantasma, nunca visitado por un avión y edificado sobre un gigantesco terreno yermo de la provincia valenciana.

Con dos de las tres entidades de crédito regionales intervenidas por el Estado por falta de viabilidad y una deuda reconocida de 20.500 millones de euros (el 19,9 por ciento de su PIB), Valencia refleja los excesos autonómicos y muchos de los males que han llevado al país a incumplir de lejos los ajustes de déficit exigidos por Bruselas y a ser mirado con recelo en los mercados internacionales.

“La gestión de la cosa pública ha sido lamentable, cuando no indecente. La corrupción en Valencia es mítica, pero es mucho peor la mala gestión por no saber llevar una comunidad como una empresa”, resume Vicente Peiró, abogado valenciano que representa a 35 pequeñas empresas de material hospitalario a las que la región adeuda 350 millones de euros.

La frase del político que promovió el aeropuerto de Castellón, imputado por presuntos delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho, ilustra una cultura que durante la última década alimentó excesos faraónicos y millones de folios en investigaciones por supuestas ilegalidades.

La misma región que hasta hace poco presumía de ser un referente de modernidad y prosperidad, que albergó orgullosa la exclusiva Copa América de Vela o que es vista en todo el mundo por el costoso circuito urbano de Fórmula Uno, pasa frío en aulas públicas sin calefacción por falta de pago, acumula retrasos multimillonarios en el pago a proveedores y se ve obligada a aplicar duras recetas de austeridad y a dejar obras inacabadas.

“Hemos visto un derroche de dinero público injustificable a mayor gloria política de determinados individuos () Ahora se ha visto que es insostenible y el Aeropuerto de Castellón es el ejemplo paradigmático, es un símbolo del derroche y de la sucesión de despropósitos de la región”, explica a Reuters Ignacio Blanco, diputado y portavoz económico de Esquerra Unida en Valencia, un grupo que lleva una década oponiéndose a obras “sin ningún interés social”.

Blanco se refiere no sólo al aeropuerto sin aviones sino también al deficitario parque de atracciones Terra Mítica en Benidorm, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, cuyo coste el Tribunal de cuentas regional cifró en 1.300 millones de euros, o al “Hollywood” alicantino de Ciudad de la Luz. Todas ellas consideradas infraestructuras a día de hoy infrautilizadas y con elevados costes de mantenimiento.

GESTIÓN AUTONÓMICA O ESTATAL

Aprovechando el festival de crédito bancario y el boom constructor y económico que permitió a la España del sol y playa soñar con superar la media de renta per cápita europea y con una política de endeudamiento cuando menos irreflexiva, la región más endeudada de la piel de toro ha pasado en pocos años de una etílica fiesta con barra libre a estar virtualmente rescatada por el Estado.

“Pensamos que el Gobierno central probablemente proporcionará apoyo financiero para cubrir el servicio de la deuda en 2012, pero de forma extraordinaria”, dijo recientemente la agencia de rating S&P tras colocar la calificación de las finanzas valencianas en el primer escalón de los “bonos basura” por su elevado perfil de riesgo y falta de acceso a los mercados.

Con una nueva ley presupuestaria que otorga al Estado la posibilidad de intervenir las finanzas regionales, la comunidad gobernada desde hace diecisiete años por el conservador Partido Popular cerró 2011 con un déficit fiscal del 3,68 por ciento del PIB y ostenta el primer puesto en otro de los grandes problemas del país - las deudas a empresas - al tener pendientes de pago casi 600.000 facturas por importe superior a los 4.000 millones de euros.

Como en el resto del país, las deudas a proveedores amenazan con estrangular, cuando no lo han hecho ya, a numerosas pequeñas y medianas empresas, lo que ha llevado al Gobierno central a salir ya en apoyo de las regiones al aprobar un plan de financiación para el pago a proveedores con créditos preferentes por 35.000 millones de euros.

“Con nuestros propios recursos y la operación del Gobierno de España (para pagar a proveedores) estamos en condiciones de tener un saneamiento total de nuestra economía y hacer frente a nuestras obligaciones”, explica a Reuters Alfonso Grau, Teniente de Alcalde de la ciudad de Valencia, cuyas deudas a finales del tercer trimestre de 2011 ascendían a 860 millones de euros.

Al igual que los dirigentes regionales, Grau se queja del modelo de financiación del Estado, ahora gobernado por el mismo partido político, pero sometido al yugo del opositor PSOE en los últimos siete años.

“La Comunidad ha dejado de recibir 8.328 millones de euros desde 2002 por los modelos de financiación”, se queja la Generalitat por boca de su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, que asegura que tomará “las medidas necesarias para cumplir con los niveles de déficit que exigen el Estado y la UE”.

Desde el Gobierno regional se han aplicado impopulares medidas de austeridad fundamentalmente en las competencias transferidas de educación y sanidad y se ha anunciado un brusco recorte de empresas y empleo público mediante fusiones, cierres o privatizaciones.

Mientras evalúa las reformas sanitarias y educativas promovidas por el Gobierno central, Valencia pretende extender el modelo de privatización hospitalario tras invertir más de 383 millones de euros en el nuevo Hospital Universitario de La Fe, una “miniciudad” con 260.000 metros cuadrados construidos que presume de situarse entre los 50 mejores centros sanitarios públicos europeos.

“No se puede asumir el coste de una ampliación del Hospital de La Fe cuando la tendencia internacional no es hacia los macrohospitales sino hacia lo hospitales de zona más gestionables”, afirma el abogado Vicente Peiró, que destaca la dificultad de gestionar la gigantesca instalación.

Mientras, en educación, la región ha sufrido retrasos de un año en los gastos de funcionamiento de los centros públicos en 2012 que han provocado puntuales casos de impago a proveedores, amenazas de suspensión de servicios y multitudinarias manifestaciones y jornadas de paro.

“Me resulta bastante difícil apelar al optimismo. Estamos en un punto del túnel en el que no se ve la luz, así que no sabemos si avanzamos, retrocedemos o siquiera nos movemos”, explica Vicent Baggetto, portavoz de la asociación de directores de centros públicos en Valencia.

En el país que vio nacer el movimiento “indignado” todavía está lejos la guerra callejera de Grecia,aunque las imágenes de la dura represión policial en recientes manifestaciones de estudiantes en Valencia ha hecho saltar la alarma a nivel nacional.

RIESGO DE INTERVENCIÓN

Pero mientras desde Madrid se advierte a las comunidades de que a Hacienda no le temblará la mano si ha de intervenir las finanzas regionales, en Valencia aseguran que están haciendo sus deberes.

“No hace falta que nadie nos venga a intervenir”, señaló recientemente el consejero de Economía del Gobierno valenciano, Máximo Buch, tras reiterar que reducirán su déficit hasta el 1,5 por ciento del PIB y que afrontarán vencimientos de deuda y créditos sin problemas con el apoyo del Estado.

Pero con los mercados de financiación cerrados y el Gobierno ultimando una emisión de bonos avalados para financiar a las regiones que cumplan sus objetivos, no son pocos quienes estiman que los recortes no serán suficientes y que el pago de la deuda se puede ver seriamente comprometido obligando al Estado a tomar la batuta.

“El deteriorado perfil de crédito individual de Valencia sólo puede ser compatible con un rating en grado de inversión si el apoyo extraordinario del Gobierno es explícito y transparente”, opina Standard & Poor`s.

Peiró, que negocia en estos momentos los pagos atrasados a las empresas que representa gracias al plan estatal pero duda de cómo se financiarán los de este ejercicio, lo tiene claro: “Estamos en las puertas de la intervención. O hay una gestora estatal para sacarnos del atolladero o no salimos”.

Con tres de los cuatro pilares industriales de la región - calzado, textil y juguete - en estado mortecino, sólo la industria regional de la cerámica resiste la crisis y la competencia de otros mercados más baratos mientras el sistema financiero local ha quedado prácticamente sepultado por el exceso del ladrillo que dibuja el perfil de localidades costeras como el “Manhattan español” de Benidorm.

La quiebra e intervención estatal de dos de las entidades de crédito de la región, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Banco de Valencia, que durante décadas alimentaron generosamente las desmesuradas ansias de crecimiento, también ha contribuido notablemente a las dificultades de financiación.

Las dos entidades, una de las cuales, la CAM, mereció el calificativo de “lo peor de lo peor” por parte del Gobernador del Banco de España, mostraban un agujero patrimonial y de liquidez inicialmente estimado en más de 8.000 millones de euros.

“Los bancos son un excelente reflejo de lo que ha pasado en la región, las vinculaciones políticas y esa política del pelotazo (...) una gestión demencial de los créditos que ha llevado a financiar sin medir el riesgo, desde promotoras en quiebra a proyectos nunca realizados”, explica un director de sucursal de Bankia que no quiere ser citado.

CORRUPCIÓN

Aunque en términos cuantitativos la corrupción no puede compararse con los millones de euros perdidos como consecuencia de una mala gestión y el abandono del modelo productivo, sí ha agravado notablemente la sensación de descontento.

“Ya no es que la crisis económica obligue a hacer recortes, es que, además, nos están robando”, explica el diputado de Esquerra Unida. “Decían que todo era para poner Valencia en el mapa y han conseguido eso, ponernos en el mapa, pero con la Formula Uno, la corrupción, el derroche como vergüenza de los valencianos”.

Desde supuestos enriquecimientos ilícitos con la visita del Papa a la detención del máximo responsable de proyectos de Cooperación de la región, los escándalos han salpicado al gobernante Partido Popular.

El que fuera presidente de la región valenciana durante 8 años, Francisco Camps, tuvo que dimitir de su cargo el año pasado aunque fue posteriormente absuelto de una acusación de cohecho en una pieza de un proceso que, de rebote, propició una de las condenas más discutidas de la historia de la democracia, con la inhabilitación del Juez Baltasar Garzón por escuchas ilegales en el caso Gürtel.

Entre los casos abiertos de mayor repercusión destaca la investigación de casi una treintena de delitos en torno a Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de la ciudad de Valencia y que supuestamente gastó cantidades millonarias en servicios nunca prestados, regalos de lujo, comidas o “traductoras rumanas” que acompañaban a políticos y empresarios en los viajes.

Pero quizás, por el ámbito en el que actúa, el mayor reproche social se centra en las investigaciones contra el conocido como fraude de cooperación, con varios detenidos por supuestos desvíos en ayudas al desarrollo.

“Es el caso más emblemático, con una estructura para robar el dinero a los niños pobres que es ya de una miseria moral bestial”, opina Luis Bellvís, economista y regidor de un establecimiento hotelero en la capital valenciana.

Sin embargo, con un 48 por ciento de los votos en las últimas elecciones, el Partido Popular cuenta todavía con un amplio respaldo electoral tanto en la región como en los ayuntamientos y es reconocido en la calle como el hacedor de esta Valencia moderna que alberga edificios de estrellas arquitectónicas de la talla de Santiago Calatrava, Norman Foster o David Chipperfield, aún a costa - dicen los detractores - de una política inmobiliaria que ha llevado incluso a sacrificar el barrio marinero histórico de “El Cabanyal”. (Información de Carlos Ruano; Editado por Blanca Rodríguez)

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