26 de febrero de 2013 / 15:58 / en 4 años

La banca española, contraria a la reforma de la ley hipotecaria

Durante más de un siglo, el derecho español decreta que si una persona pide un préstamo para comprar una vivienda, sólo puede ser liberado de la deuda cuando devuelve el capital. Ni la muerte cancela la deuda. En la imagen de archivo, un empleado de Bankia habla por teléfono mientras miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) protesta dentro de la oficina de la caja nacionalizada, en Madrid, el 26 de octubre de 2012.Andrea Comas

MADRID (Reuters) - Durante más de un siglo, el derecho español decreta que si una persona pide un préstamo para comprar una vivienda, sólo puede ser liberado de la deuda cuando devuelve el capital. Ni la muerte cancela la deuda.

El país está entrando en un nuevo año de recesión y en este entorno los llamamientos a favor de una relajación del sistema están creciendo, pero los bancos temen que esto dañe su acceso al dinero.

Valga el ejemplo de Francisco Lema, un albañil parado de 36 años, que llevó a su hija de 8 años al colegio el 8 de febrero y volvió al piso que alquila con su familia en Córdoba. La vivienda que él mismo construyó fue embargada por el banco y Lema quedó con una deuda hipotecaria de 22.000 euros que solicitó para comprar los materiales de construcción, según María José Vadillo, una amiga de la familia, que colabora con la campaña 'Stop Desahucios Córdoba'.

Los padres de Lema, que habían sido los avalistas de una parte del préstamo, ahora tienen dificultades para efectuar los pagos correspondientes, dijo Rafael Blázquez, otro miembro del grupo Stop Desahucios.

A su vuelta al piso, la esposa de Lema encontró su cadáver en la calle, cubierto con una sábana.

Todo apuntaba a un suicidio, dijo una portavoz policial. Un testigo relató que Lema se había tirado desde el balcón. Su esposa no quiso ser entrevistada.

De los dos bancos involucrados en el caso, uno de ellos, Kutxabank, confirmó que Lema tenía una hipoteca con su filial. La otra, Caja3, no respondió a las consultas efectuadas.

Algunos activistas y fuentes policiales confirmaron que Lema es una de cuatro personas que se han suicidado este mes en España como consecuencia de los desahucios y la carga de la deuda.

"Aquí hay un sistema de ejecución de hipotecas muy duro", dijo José García Montalvo, profesor de economía de Universitat Pompeu Fabra. "La ley es brutal, es muy clara y no se puede interpretar", agregó.

El gobierno conservador de Mariano Rajoy ha tomado medidas para aliviar la situación. En noviembre dijo que suspendería todos los desalojos durante un período de dos años en los casos de propietarios vulnerables que no pueden afrontar las mensualidades, incluyendo aquellos con niños, los minusválidos y los parados de larga duración.

El mes pasado, el ministro de Economía anunció más medidas que incluían la condonación parcial en algunos casos de prestatarios que se comprometen a pagar una cantidad de la deuda pendiente en el plazo de cinco años.

Sin embargo, algunos abogados, activistas y políticos de la oposición quieren más. Miles de españoles salieron a la calle en 50 ciudades el pasado 16 de febrero portando pancartas y banderas para protestar contra los desalojos.

Las tres asociaciones de jueces han dicho que el gobierno no ha hecho suficiente y la recogida de 1,5 millones de firmas este mes ha persuadido al parlamento a debatir sobre la posibilidad de que una deuda hipotecaria quede cancelada una vez que la propiedad se entregue al banco.

La ley que regula los desalojos en España infringe el derecho europeo sobre protección del consumidor al no ofrecer al propietario la posibilidad legal de plantear una defensa en contra del desalojo hasta después de que se haya producido, dijo Juliane Kokott, abogada general el Tribunal Europeo de Justicia. El Tribunal se encarga de la aplicación del derecho de la Unión Europea en todos los países miembros.

"A la ley le falta un aspecto social", dijo a Reuters Fernando de Rosa, un juez conservador que tiene vínculos con el Partido Popular. "Es excesivamente estricta en lo que es la relación entre la entidad financiera y el deudor".

AMOR DIFÍCIL

Los bancos españoles, que ya fueron rescatados por Europa con un importe de unos 40.000 millones de euros, hacen campaña en contra de cualquier cambio.

Moody's publicó este mes que cualquier suavización de la legislación reduciría el incentivo del deudor de cumplir con los pagos de su hipoteca. Cualquier cambio en la ley que reduzca la protección de los inversores minaría la confianza, según la agencia. Eso amenazaría con debilitar todavía más la calificación crediticia de España. El 10 de enero, dos agencia de rating situaron a España apenas un escalón por encima de basura.

En Estados Unidos, si se incumplen los compromisos hipotecarios, se puede cancelar la deuda entregando la propiedad hipotecada al banco, siempre que la entidad acepte la vivienda como pago de la cantidad pendiente.

En Reino Unido, el deudor se puede librar del compromiso mediante la declaración de insolvencia. La calidad crediticia de la persona en cuestión se verá dañada durante un tiempo pero su cuenta quedará limpia.

En Irlanda, donde se sufrió un boom y crash inmobiliario similar al de España, el gobierno ha dado facilidades para que el ciudadano se declare insolvente y ha propuesto nuevas rutas para que los tenedores de hipotecas liquiden su deuda.

En España, los propietarios siguen obligados a devolver la deuda asumida incluso cuando el banco se queda con la propiedad. Los bancos tienen derecho a reclamar una intervención del salario del deudor y en caso de fallecimiento se puede reclamar a los herederos. Esa situación no es única pero los expertos sí consideran las condiciones en España más duras que en muchos países.

Los precios inmobiliarios en España están alrededor de un tercio por debajo de los máximos. Más del 80 por ciento de la población es propietaria de su vivienda y el total de capital hipotecado asciende a 600.000 millones de euros, equivalente a dos tercios del PIB.

Hasta ahora, casi 400.000 propiedades han sido adjudicados por los bancos desde el crash de 2008 y el número sigue creciendo, aunque no hay cifras que informen sobre la proporción de viviendas.

Las personas que reclaman una reforma señalan que aunque los particulares no tienen escapatoria, las inmobiliarias, que han acumulado una deuda de 280.000 millones de euros con los bancos, tienen una salida más fácil. Muchas han entrado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) y sus deudas han acabado en la Sareb, el "banco malo" español.

Otros resaltan que una carga de deuda grande y de larga duración disuade a los particulares de encontrar trabajo o abrir un negocio.

"Alienta a aquellas personas a trabajar en negro o a depender de los subsidios y para los bancos sólo sirven como amenaza para que otros estén al día con sus pagos", expresó Mikel Echevarren, presidente de Irea, una compañía financiera especializada en el mercado inmobiliario.

DERECHOS HUMANOS

La presión crece internacionalmente. Al calor de un bidón de metal que sirve como calefacción en la entrada de una sucursal madrileña de Bankia, Emilio Azuero, ciudadano ecuatoriano de 38 años que se encuentra en paro, es uno de los muchos inmigrantes que vino a España durante el boom y compró una vivienda en el punto más alto del mercado. Ahora se enfrenta al desalojo y a la deuda. Azuero se sumó a una protesta espontánea frente a una sucursal durante tres meses hasta que la policía despejó el lugar a comienzos de febrero.

En su país, una deuda hipotecaria queda cancelada con la entrega de la propiedad. En España, su deuda ascendería a 100.000 euros si pierde su hogar.

Ecuador dijo en enero que ha presentado un caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acusa a la ley española de abuso de los derechos fundamentales al no permitir a los propietarios defender su caso en un tribunal durante el proceso de desalojo. El país latinoamericano estima que hasta 15.000 familias ecuatorianas en España se ven afectadas por el proceso de desalojo o problemas para pagar las cuotas.

BAJAS TASAS DE INCUMPLIMIENTO

Una razón importante para que los bancos se opongan a la reforma es que, cuando la crisis en la zona euro entra en su cuarto año, tienen dificultades para acceder a dinero en los mercados. En su lugar, recurren de forma limitada a la titulización de deuda hipotecaria.

España es el mayor emisor de deuda titulizada de Europa, con 578.000 millones de euros ligados a activos hipotecarios pendientes en noviembre de 2012, según Moody's. Eso equivale al 15 por ciento de la financiación total de los bancos.

Facilitar la cancelación de la deuda de los morosos elevaría la mora hipotecaria, situada en España en el 3,5 por ciento. Este ratio supone alrededor de un tercio de la morosidad hipotecaria en Irlanda.

"Hemos conseguido mantener una de las tasas más bajas de morosidad hipotecaria de Europa a pesar de la recesión", expresó Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española que representa a los bancos que acumulan la mayor parte del mercado hipotecario, incluyendo Santander, BBVA y Bankia.

"¿Queremos una reacción brusca a una crisis que ha afectado a un pequeño porcentaje de personas mediante un cambio de la estructura de todo nuestro mercado hipotecario, debilitando sus garantías?", se pregunta Santos González.

Las leyes que rigen el pago de las hipotecas aseguran que el propietario se mantenga al día con las cuotas, dice el economista Montalvo. "Si no pagas, el banco conseguirá el dinero de alguna manera y con intereses".

Una forma que los bancos han mantenido la morosidad baja es mediante la renegociación de las hipotecas con los deudores. No hay datos oficiales pero según una auditoría independiente realizada por la consultora Oliver Wyman en septiembre, los bancos han renegociado casi una de cada 10 hipotecas residenciales. Por el contrario, el 11 por ciento de las deudas de las grandes empresas han sido reestructuradas.

POSIBLE SALIDA

Marcheline Rosero ha alcanzado un acuerdo con su banco que los partidarios de la reforma dicen que podría servir de modelo parcial. Junto con su familia, evitó el desalojo de su pequeño piso en Madrid cuando se retrasó en el pago de su hipoteca hace dos años y Bankia se adjudicó su propiedad.

Rosero, desempleada de 45 años que se encuentra en silla de ruedas, alcanzó un acuerdo para permanecer en su vivienda mediante el pago de un alquiler de 240 euros mensuales.

Sin embargo, bajo la ley actual Rosero todavía debe la mayor parte de su préstamo hipotecario de 222.000 euros incluso después de haber entregado a Bankia su vivienda, valorada ahora en 60.000 euros. "Tengo allí una deuda que nunca he pagado y eso está ganando intereses", expresó la ex funcionaria y madre de tres niños.

Bankia comentó que hace todo lo posible para encontrar alternativas al desahucio. Ha renegociado unas 80.000 hipotecas desde 2009, dijo una portavoz, que no pudo decir qué proporción de las hipotecas totales supone esa cantidad.

El banco declinó efectuar comentarios sobre las propuestas para modificar la ley hasta que se hayan definido. Chema Ruiz, un activista en Madrid de la plataforma Afectados por la Hipoteca, un grupo sin ánimo de lucro que asesora a aquellos que no pueden pagar sus hipotecas, dijo que los bancos retrasaron muchos desahucios en noviembre, pero que los tribunales han vuelto a emitir órdenes de desahucio.

Cada vez más propietarios están asistiendo a reuniones semanales de apoyo, agregó. Ruiz ve uno 80 a 100 casos nuevos cada semana. "Cada semana hay más personas y de más alto standing social", expresó.

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