A FONDO-La polémica relación entre empresa y política en España

jueves 21 de febrero de 2013 10:34 CET
 

MADRID (Reuters) - La España de los casi seis millones de parados, la de las duras recetas contra el déficit, la que no confía en su clase política, es también la de frecuentes vínculos entre las grandes empresas y antiguos miembros del gobierno.

Los recientes escándalos relacionados con supuestos pagos ocultos en el seno del partido en el Gobierno han aumentado una crispación social que ha llevado la confianza de los ciudadanos en la clase política a mínimos históricos. Los últimos datos de la encuesta oficial del CIS revelan que, tras el paro y la situación económica, los políticos y la corrupción figuran entre las principales preocupaciones de los españoles.

Desde ex presidentes de Gobierno a antiguos ministros, secretarios de Estado o, incluso comisarios europeos, más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real están a sueldo de diez de las mayores empresas cotizadas españolas en una práctica lícita pero que, en ocasiones, genera polémicas de carácter ético o incluso estético.

"Resulta lógico que las empresas incorporen a algún consejero procedente de la Administración, que les pueda asesorar sobre las formas del poder, lo mismo que los grandes despachos de abogados contratan ex fiscales o ex magistrados (...) pero hay una serie de cuestiones que, a mi modo de ver, enturbian determinados casos", explicó a Reuters Reyes Calderón, Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra y profesora de Gobierno corporativo, quien califica de "laxa" la legislación.

La actual Ley de Incompatibilidades establece, con carácter general, un período de dos años de abstinencia en cualquier actividad de la empresa privada que esté relacionada directamente con las competencias que un alto cargo político hubiera tenido en su mandato.

No obstante, el período contempla excepciones que están sometidas a validación de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas que es, en última instancia, quien decide sobre la incompatibilidad o no.

A principios de año, dos grupos de la oposición presentaron en el Congreso de los Diputados dos proposiciones separadas para revisar la regulación y aplicar un mayor rigor al régimen de incompatibilidades.

"La legislación (...) aún permite que se produzcan situaciones cuya ética es discutible, pues pueden hacer pensar razonablemente a los ciudadanos que se adoptan decisiones, aun en el ámbito privado, guiadas por una influencia indebida", argumentó en su solicitud de revisión de la ley el Grupo Mixto.

Por su parte, los parlamentarios agrupados en la Izquierda Plural mencionaron para defender su proposición un reciente escándalo de un directivo de una empresa a la que se le adjudicaron pruebas clínicas de diversos centros madrileños que fue el responsable de la privatización de ese servicio.   Continuación...

 
La España de los casi seis millones de parados, la de las duras recetas contra el déficit, la que no confía en su clase política, es también la de frecuentes vínculos entre las grandes empresas y antiguos miembros del gobierno. En la imagen, varios manifestantes protestan a las puertas de la sede del Partido Popular con pancartas en las que se lee "Vergüenza de país", en Madrid el 2 de febrero de 2013. REUTERS/Susana Vera