12 de febrero de 2013 / 16:23 / en 5 años

Los casos de corrupción cuestionan el papel del Tribunal de Cuentas

En un momento de credibilidad política bajo mínimos y dudas sobre la financiación de los partidos políticos en España, el presidente del organismo encargado de su supervisión reconoció el martes que no cuenta con las herramientas necesarias para operar como un auténtico cortafuegos contra la corrupción. En la imagen, un manifestante con una pancarta con forma de sobre y un billete falso de 500 durante una manifestación contra la corrupción política y los recortes en educación en el centro de Valencia, el 9 de febrero de 2013.Heino Kalis

MADRID (Reuters) - En un momento de credibilidad política bajo mínimos y dudas sobre la financiación de los partidos políticos en España, el presidente del organismo encargado de su supervisión reconoció el martes que no cuenta con las herramientas necesarias para operar como un auténtico cortafuegos contra la corrupción.

"Lo que tienen que existir son medios suficientes para contrastar la información que dan los partidos políticos ", dijo el martes Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, a cuya fiscalización ha recurrido solemnemente el Partido Popular en las últimas semanas tras las informaciones sobre una supuesta contabilidad oculta.

Tras una comparecencia en el Congreso para hablar sobre la futura Ley de Transparencia que busca sacar adelante el Gobierno, el alto cargo dijo que, hasta el momento, la labor del tribunal se ha limitado a examinar la contabilidad enviada por los partidos, sin estar dotado de mecanismos para contrastar la información.

Sin ir más lejos, Álvarez de Miranda explicó que el Tribunal no podía contar con información de la Agencia Tributaria ni de la Seguridad Social en sus labores de fiscalización, pese a que así lo había solicitado en una moción presentada ante la comisión parlamentaria correspondiente.

"No tiene capacidad policial como para investigar contabilidades particulares o registrar domicilios, eso es jurisdicción policial bajo órdenes de magistrados", explicó a Reuters el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, que defendió el trabajo de los técnicos del organismo.

El máximo responsable del tribunal que también se encarga de revisar el balance de las cuentas estatales, reconoció en todo caso importantes avances con la modificación de la ley de financiación de partidos de finales de 2012, que estableció por primera vez el acceso del organismo a la central de datos del Banco de España.

"Se va a disponer del conjunto de información que nos va a facilitar el Banco de España en terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos, y también en la identificación de cajas pagadoras que manejan los partidos", declaró.

El presidente del tribunal - en el punto de mira tras los recientes casos de presunta corrupción publicados en prensa - se defendió tajantemente de quienes les acusan de ser un organismo dependiente de los poderes políticos.

"El tribunal tiene plena independencia", afirmó.

El pleno del Tribunal está integrado por doce consejeros que ocupan el cargo durante un mandato de al menos nueve años y son elegidos por los grupos políticos representados en el Congreso y el Senado -en la práctica PP y PSOE-, desvirtuando, en opinión de algunos, la necesaria distancia entre el supervisor y los supervisados.

"Hasta ahora ha fallado estrepitosamente y ha acumulado retrasos injustificables, de años, en la fiscalización de los partidos", dijo a Reuters el diputado Álvaro Anchuelo, de Unión Progreso y Democracia, partido que cuestiona abiertamente la independencia de sus miembros.

El propio Tribunal Supremo censuró en una sentencia reciente los nombramientos "a dedo" en la institución en otros puestos intermedios del Tribunal de Cuentas -, que pese a su nombre no es un órgano judicial como tal -, y se pronunció a favor de que hubiera más funcionarios de carrera en su plantilla.

AÑOS DE RETRASO

Pese a estar al día en sus informes sobre las cuentas generales del Estado y sobre los gastos electorales, los escasos efectivos dedicados hasta ahora a la contabilidad ordinaria de los partidos han hecho que la supervisión de este capítulo arrastre un retraso de años.

El último informe sobre la contabilidad de los partidos se aprobó en marzo del año pasado y se refería al ejercicio de 2007, mientras que el plazo para la prescripción de posibles infracciones es de cuatro años.

Para tratar de solucionar este problema, la institución - que tiene un presupuesto anual de unos 61 millones de euros -duplicó el año pasado el número de funcionarios encargados de realizar esta tarea - de 12 a 26 - y espera ponerse al día este mismo año presentando los datos de 2008 a 2011.

El Gobierno del PP defiende estar trabajando sin descanso por mejorar la transparencia en la vida pública, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo públicas este fin de semana sus declaraciones de la renta y de patrimonio de los últimos años.

Sin embargo, los partidos políticos no están incluidos en la Ley de Transparencia actualmente en tramitación parlamentaria, pese a ser una reiterada reivindicación de los colectivos que exigen más supervisión de los organismos que reciben dinero público.

En este sentido, Álvarez de Miranda no se mostró partidario de incluir a los partidos políticos en el ámbito de aplicación de esta ley, aunque sí de introducir modificaciones en la legislación específica de esas entidades.

Afirmó en cualquier caso que la decisión al respecto era de "carácter político", ya que no había "razones técnicas" que aconsejaran una opción u otra.

/Por Blanca Rodríguez/

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