El Gobierno sube el IVA y quita una paga a los funcionarios

MADRID (Reuters) - El Gobierno anunció el miércoles medidas para realizar un ajuste presupuestario en los dos próximos años y medio de 65.000 millones de euros, el mayor en la historia de la democracia española, con el fin de alcanzar las ambiciosas metas de reducción del déficit público.

En una intervención con tintes dramáticos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desglosó una serie de medidas que siguen el dictado de Bruselas y que, según reconoció, le resultaban incómodas.

"Tenemos que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes (...) Tanto si nos gusta como si no nos gusta. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas", dijo Rajoy en una intervención en el Congreso de los Diputados para presentar los pactos de las recientes cumbres europeas.

Varios analistas consultados señalaron que la nueva dieta a la que someterá la economía española responde a las exigencias de la Comisión Europea tras las concesiones en materia de consolidación fiscal y ayuda al sistema financiero.

"Es una demostración clara de la condicionalidad macroeconómica que hemos tenido que aceptar", dijo Santiago Sánchez Guíu, coordinador de Economía del Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III, quien dijo que las nuevas medidas tienen un componente más coyuntural que estructural.

"Estas medidas son expresivas de una suerte de protectorado europeo sobre la economía española, expresivas de que la condicionalidad excede a la condicionalidad sectorial (en referencia a la banca)", dijo Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que ve un impacto contractivo en la economía por las medidas en el corto plazo.

Entre los ajustes anunciados por Rajoy se encuentran gran parte de las medidas que pide Bruselas - que acaba de relajar los objetivos de déficit público y ha realizado concesiones a España con relación al rescate bancario -, como el alza del IVA, la eliminación de la desgravación por compra de vivienda habitual, el recorte de las condiciones laborales de los funcionarios, la liberalización y privatización de servicios públicos y la rebaja en las cotizaciones sociales.

Además, la presentación de un plan a tres años responde a la insistencia de Bruselas de que España necesita un plan de ajustes y reformas creíble a medio plazo.

La Comisión Europea respondió al nuevo paquete con satisfacción, mientras el principal sindicato de funcionarios llamó a paros en julio y agosto y dijo que no descarta convocar una huelga en septiembre.