Liberbank, Cajatres e Ibercaja aprueban su fusión

MADRID (Reuters) - Los consejos de Liberbank, Ibercaja y Caja 3 aprobaron el martes su fusión con objeto de reforzar su posición de capital ante la exposición del sector a miles de millones de euros de deuda inmobiliaria problemática.

La fusión de estas tres entidades llega en un momento de dudas entre inversores internacionales sobre la capacidad de España para recapitalizar todo su sistema bancario sin pedir un rescate internacional.

Aunque el Gobierno siempre ha dicho que las concentraciones son una de las fórmulas para reforzar la solvencia y eficiencia del sistema, los analistas mirarán con lupa la idoneidad de la integración tras comprobar la deteriorada situación en la que se encuentra la nacionalizada BFA-Bankia, un grupo resultante de la concentración de siete cajas de ahorros cuyas pérdidas superaron los 3.000 millones en 2011.

Bankia pidió el viernes al Gobierno un rescate récord de más de 19.000 millones de euros, lo que contribuyó a disparar la prima de riesgo del país con respecto al bono alemán a 10 años por encima de los 500 puntos básicos.

Liberbank, Ibercaja y Caja3 tienen conjuntamente activos inmobiliarios tóxicos, incluyendo morosidad de promotoras, de unos 11.800 millones de euros, alrededor de una cuarta parte de los que tiene Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

La operación crearía el séptimo grupo bancario español, con activos de unos 115.000 millones de euros, y tendría un volumen de negocio de unos 180.000 millones de euros.

Como resultado de la operación de integración, IberCaja Banco tendrá el 46,5 por ciento del nuevo grupo, Liberbank el 45,5 por ciento y Banco Grupo Cajatres el 8 por ciento.

Una fuente bancaria manifestó que Amado Franco, actual presidente de Ibercaja, sería el presidente de la nueva entidad, mientras que Manuel Menéndez, actual presidente de Liberbank, sería su consejero delegado.

Los consejos de Ibercaja y Caja3 ya dieron el pasado abril luz verde al proyecto de fusión entre ambas, en un momento en el que las entidades de menor tamaño se han visto presionadas desde el Gobierno para consolidar y reconocer enormes pérdidas por la exposición al ladrillo.